Colo-Colo no lo pasa bien fuera de la cancha. El Cacique enfrenta una delicada situación con la justicia chilena que, si bien se sabía con antelación de la investigación que inició la Policía de Investigaciones en contra de 18 jugadores albos, no fue sino hasta hoy que empezaron con los interrogatorios.
La pesquisa policial revelada a fines de 2023, acusó a futbolistas del actual plantel, junto a otros que formaron parte en campañas anteriores, de adquirir licencias de conducir falsas en el Municipio de Nancagua, Región de O’Higgins, siendo la primera medida el allanamiento del recinto municipal.
Según la periodista Leyla Zapata, la misma que develó este caso, en su cuenta de X informó que 8 jugadores del cuadro Popular llegaron a declarar en calidad de imputados por el presunto delito de falsificación.
La profesional también aseguró que, además de los futbolistas que se dieron cita en la PDI de la sexta región y de los otros 10 que estarían restando, se estaría indagando también al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.
La investigación está a cargo del fiscal de alta complejidad, Carlos Fuentes, y los jugadores citados fueron Maximiliano Falcón, Alan Saldivia, Óscar Opazo, Dylan Portilla, Lucas Soto, Daniel Gutiérrez, Eduardo Villanueva y Diego Plaza.
¿Cuáles podrían ser las sanciones en caso de ser declarados culpables?
El Artículo 196 B de la Ley de Tránsito dicta que el incumplimiento en el que se han visto involucrados los jugadores del cuadro Popular “será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo y, en su caso, con la suspensión de la licencia de conductor o inhabilidad para obtenerla, hasta por 5 años”.
El punto C del artículo manifiesta que será castigado quien “presente, a sabiendas, certificados falsos para obtener licencia de conductor”, mientras que el punto D estipula sanciones para quien “obtenga una licencia de conductor, sin cumplir con los requisitos legales para ello, mediante soborno, dádivas, uso de influencias indebidas o amenaza”.
Es decir, que los jugadores podrían arriesgar entre 541 días a 3 años y 1 día de prisión, mientras que el funcionario municipal que ejecutó la operación ilegal arriesga hasta 10 años tras las rejas.
